Asamblea Territorial Pasaje Navarrete - Reflexiones a propósito de nuestra reunión del sábado 12 de junio de 2021
Los 6 puntos que plantean las y los 34 constitucionalistas desde la Vocería de los Pueblos, son puntos respecto de los cuales difícilmente podemos estar en desacuerdo, son puntos neurálgicos. Sin embargo, no logran traducirse, a propósito del estado de las conciencias de la ciudadanía y de su poco nivel organizativo, en una cuestión que supere lo formal y lo mediático. El llamado “acuerdo por la paz”, desde un principio, ha tenido como rol delimitar y limitar la revuelta de octubre en parámetros institucionales y, en última instancia, mantener el ejercicio del poder, incluso mediante la fuerza física. Hoy, y desde hace décadas, el poder es ejercido por una minoría por sobre una mayoría sometida a dicha institucionalidad.
Si no tenemos en cuenta la fuerza con la que se cuenta y especialmente la fuerza de quienes en definitiva están ejerciendo actualmente el poder, cualquier declaración, de cualquier grupo, señalada en los términos en los que se plantea por la Vocería de los Pueblos, llenos de justicia por lo demás, no resultará mas que en fuegos de artificio, o bien, si logra una convocatoria mayor, como ha venido ocurriendo en los últimos días, en una cuestión formal de participación, mas no material.
Una idea, por mucha intención revolucionaria o transformadora que posea, no cambia la realidad material. Sin una realidad material que se manifieste en la organización consciente y direccionada de las bases ciudadanas y populares que “empujen la rueda de la historia”, una constitución deliberada en democracia, incluso en los términos más progresistas que se pueda, será letra muerta.
Así lo hemos visto en nuestros pueblos hermanos de Colombia, país en el que la sangre del pueblo sigue tibia en sus calles, y Ecuador, en donde hace menos de un año el pueblo indígena se alzó en otra revuelta aún con una de las constituciones que muchos han denominado como una de las “más bellas del mundo”. Su poca aplicación debe ser objeto de estudio. El caso boliviano también nos remueve y nos recuerda que un proceso democratizador debe defenderse permanentemente con organización, haciendo embates a golpes de estado y la violencia que caracteriza a la minoría explotadora.
Podemos adherir al llamamiento de la Vocería de los Pueblos, adherir a la proclama de la Lista del Pueblo, pero es y será irrelevante, sin territorios reales, sin conciencia política, sin alternativa real al capitalismo y sin poner en la mesa, la cuestión del poder, y ese poder está dado, hoy, por una minoría que tiene la capacidad coercitiva sobre una mayoría.
Para analizar la cuestión del poder, podemos reflexionar en torno a dos hipótesis que dicen directa relación con la fuerza real y la fuerza posible con la que cuentan las bases ciudadanas y populares. Nos limitaremos a plantear dos escenarios. En el primero, la hipótesis es que vivimos una crisis -mundial- que en ningún sentido es constitucional, sino revolucionaria y que dicha situación se vive en Chile con una correlación de fuerzas a favor: estamos en una situación pre o revolucionaria.
En este escenario, la declaración de los 6 puntos será consignataria en cuanto no contemos con la base material para conformar una fuerza política extrainstitucional, de carácter antineoliberal, pero por lo demás, revolucionaria (en caso de que estemos de acuerdo que transitamos un periodo revolucionario).
En esta hipótesis de estadio revolucionario, el problema de los constituyentes organizados en la Vocería de los Pueblos no es su declaración, puntos respecto de los cuales estamos completamente de acuerdo. La problemática se traduce, por un lado, en los límites que estos puntos se agiten como consignas alejadas de un análisis de la real fuerza de una base social y política extra convencional que establezca la impotencia del proceso constituyente para el desmantelamiento de un sistema de explotación.
¿Qué sucedería, por ejemplo, si sectores neoliberales o liberales se plegaran a las consignas expuestas? ¡Ideal! Gritarían algunos. Sin embargo, no resulta difícil para los sectores liberales y de centro -incluso la derecha- negociar la liberación de las y los presos políticos o la adhesión a consignas de desmilitarización del Wallmapu cuando el levantamiento de las prisiones preventivas y amnistía de condenas no significan necesariamente un desmantelamiento del sistema neoliberal ni mucho menos de una transformación del modo de producción capitalista. En el caso de la desmilitarización de la Araucanía, por ejemplo, el problema no es sólo la fuerza represiva ejercida por el Estado, sino, la explotación de recursos naturales y acumulación de la riqueza en desmedro del campesinado pobre y del campesinado indígena, en donde muchas veces son sicarios contratados por forestales quienes ejecutan la violencia: es una cuestión de intereses de clase, no sólo un problema militar o policial. Por lo anterior, resulta necesario un programa político que apunte hacia la transformación sistémica del modelo y por sobre todo a la construcción de una fuerza material real en la conformación de un campo revolucionario común. El problema, entonces, no es una cuestión constitucional es una cuestión “revolucionaria”.
El rol de la Vocería de los Pueblos sería entonces lograr y generar una vinculación con las masas populares, con el fin de facilitar su organización territorial extraconvención. Cuando me refiero al concepto de organización territorial extraconvención no necesariamente hago alusión a la participación de los territorios en las materias a discutir en la Convención Constituyente, sino, a la organización del poder popular con objetivo post constituyentes, desbordándolo con la finalidad de emprender un cambio en el sistema de explotación. El llamado “proceso revolucionario” no está dado por los cambios constitucionales que pueda otorgar un proceso constituyente, sino, por la posibilidad real de ejercer el poder.
En el orden de eventos, bajo la hipótesis de encontrarse en un estado revolucionario, pueden resultar dos cosas. O la declaración de la vocería de los pueblos se mantiene en términos consignatarios sin manifestarse en la intención de formar una posición revolucionaria lo que derivaría en que la convención termine sus sesiones habiendo realizado un ejercicio democrático en los términos planteados por la Vocería de los Pueblos (democratización del proceso) pero que no cambie el sistema económico y por tanto, termine volcando el actual modelo neoliberal de explotación a un nuevo modelo de explotación más “amigable” legitimado lo anterior con la cuestión formal de la participación ciudadana, o bien, se quiebra el proceso constituyente haciendo evidente las contradicciones ejercidas por este polo de intención revolucionaria. Es decir, exacerbar la impotencia de la Convención como herramienta para el desmantelamiento del modelo.
¿Tenemos base para lo segundo? ¿Cuál debiese ser nuestra tarea como incipientes e inmaduras formas de organización territorial extrainstitucional? ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestras cómodas posiciones de aparente estabilidad económica? Y, por sobre todo ¿estamos dispuestos en asumir la defensa del interés de las y los explotados, superando las obsoletas tácticas de la democracia liberal en torno a la unidad contra la derecha, que no resulta más que en la mantención del actual sistema de explotación?
A propósito de “la unidad”, de los discursos de “construcción transversal” y de la “convocatoria de mayorías” que pregonan muchos para justificar sus votos a favor de viejos políticos, no podemos olvidar, y debemos tener siempre presente, que la unidad de la que hablan ha sido la negociación permanente con la derecha para mantener intocable el sistema desde 1990. Así, por ejemplo, la gobernación por Santiago ganada Orrego manifiesta que la unidad de la que se habla -desde las posiciones liberales- es en realidad el fundamento discursivodel pacto de gobernabilidad político y económico de la derecha y los partidos de la ex concertación. Si la DC debe agradecerle a alguien su triunfo, es a la derecha y a los votantes de las comunas ricas de Santiago, donde obtuvo cifras que en todos los casos superaron el 70 y el 80 por ciento. La política de alianzas, en este sentido, debe ser algo central de la que preocuparnos, aprendiendo de nuestras experiencias recientes como Coordinadora de Cabildos y Asambleas: “la historia se repite dos veces, primero como tragedia, luego como farsa”.
En un segundo escenario, no nos encontraríamos en una situación revolucionaria o pre revolucionaria porque no existe ni por un lado las condiciones subjetivas, así como tampoco la fuerza necesaria para impulsar cambios reales y estructurales contra el sistema. Este estado de cosas, que parece ser el más aceptado (pero no necesariamente correcto) por nuestras propias bases, la expresión popular volcada en las urnas (gobiernos locales y constituyentes) sólo puede moverse en el plano institucional, convenido en el “acuerdo por la paz” por quienes ejercen el poder político y económico (ayudado por algunos liberales descolgados que también firmaron el acuerdo).
En definitiva, en esta segunda hipótesis no existe una fuerza de carácter popular capaz de desbordar los límites de la institucionalidad (sumado a lo anterior un estado sanitario de pandemia y restricciones sanitarias que no facilita la organización de la ciudadanía) y por mucha declaración que exista de esa intención, el conflicto se resuelve únicamente negociando con quienes ejercen el poder. El problema en lo anterior es que es la negociación radica en una cuestión formal, nunca material (recordemos que, en este estado de cosas, la organización popular no es capaz de batallar el desbordamiento de una Convención y mucho menos una transformación más allá de lo constitucional que, como elemento jurídico-político no es más que la manifestación institucional de la fuerza de quien ejerce el poder (poder político, económico y militar) de un país.
En este escenario, la organización de “las masas” se vuelve una tarea inmediata y esencial. En ambas hipótesis existe un común denominador. La necesidad de organizarse con perspectiva, estrategia y táctica. Como organización territorial seguimos “reaccionando” ante llamamientos y declaraciones sin tener perspectiva de los intereses que buscamos defender. Para la situación revolucionaria quedamos desincronizados con el momento; para la situación no revolucionaria quedamos a la deriva sin entender la necesidad de posicionarnos en la conformación de una base social y de un trabajo político territorial que permita que la Convención no sea una llave de grifo a las explotaciones del sistema.
Nos dicen: “organícense porque les abrimos la puerta”. Pues organicémonos no sólo para atravesarla, sino para, además, conformar una base social que de fuerza a los convocantes para desbordar la institucionalidad. Si no generamos las reflexiones sinceras de nuestros intereses, nuestra intención de organización y nuestra perspectiva política, tomamos el riesgo de seguir siendo mercenarios que avanzan hacia circunstancias tambaleantes sin saber, en realidad, cuál es nuestro destino. Una hoja al viento. Así, por ejemplo, hace menos de un mes a pesar del divorcio, se defendía como propia una candidatura que poco empalmaba con las proclamas con las que ahora parece haber entusiasmo: no seguimos ninguna línea táctica, mucho menos estratégica.
Sea el escenario que sea, las tareas de nuestra organización radican en establecer con claridad nuestros objetivos y la forma en la que los llevaremos a cabo. Pareciera ser, según los acontecimientos desencadenados desde octubre de 2019, que el objetivo es el fortalecimiento del poder popular no con miras de circundar un en proceso de participación ciudadana ante la Convención Constitucional, sino, para formar la base material necesaria para las transformaciones profundas y populares que nuestro pueblo necesita y que ciertamente se jugarán en un plano extrainstitucional.
Así las cosas, en cuanto a la forma, no son novedosas las consignas y tareas ya anunciadas en distintas reuniones: por un lado, la necesidad de ejercer un gobierno municipal de carácter territorial, que permita un crecimiento y posicionamiento de la organización, así como la posibilidad real de desarrollar, corregir y realizar los programas surgidos de las candidaturas, desde y en el territorio, prescindiendo de los puestos e instancias municipales. Por otro, la necesidad de relacionarnos con un proceso constituyente, pero con la finalidad de instruirnos y organizarnos ejercitando y desarrollando nuestra base social y, a su vez, la base social para el fortalecimiento de los territorios, no sólo para sentirnos los paladines de la participación democrática en la constituyente, sin dirección política clara, sino, para desarrollar el poder popular, territorial y ciudadano.
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